Este libro de María Teresa Calderón es el producto de una larga gestación que comenzó como investigación doctoral, y eso se hace notable en su estructura. Plantea de inicio una hipótesis muy sugerente para la comprensión historiográfica del siglo XIX en América Latina: la crisis de la monarquía española conllevó un intenso proceso de politización que, lejos de contenerse en instituciones centrales como el gobierno o el parlamento, se diseminó por los circuitos de la política local. Esta municipalización de la política, a su vez, conllevó una actividad política muy característica de la que forman parte principal pronunciamientos, elecciones locales y peticiones. Finalmente, la tesis de Calderón sostiene que los efectos de ese particular modo de solución a la crisis imperial implicaron una tensión evidente entre república y pueblos, cuya gestión conocerá distintas modulaciones en el siglo XIX. Una de ellas, consistió en un federalismo de cuño muy particular, que en el libro acertadamente se denomina »federalismo municipalista«.
Los capítulos del libro se orientan a la demostración de las distintas partes de la hipótesis de partida basculando siempre, a mi juicio, sobre un doble eje. En primer lugar, el que vendría articulado entre el pueblo y los pueblos, es decir, entre el nuevo cuerpo político resultante de la crisis de la monarquía (el pueblo en tanto que nación) y los cuerpos municipales que tradicionalmente habían estructurado la monarquía junto al rey (los pueblos). El segundo eje del cual este libro está siempre pendiente podría decirse que se conforma por lo viejo y por lo nuevo, es decir, por la cultura jurídico-política tradicional con la que mayormente tuvieron que articularse respuestas para nuevos escenarios. Pueblo/pueblos y viejo/nuevo derecho serían, por tanto, dos ejes que sostienen en todo momento el argumento central de la autora.
Con ese andamiaje, el libro se centra en el período 1821–1832, es decir, desde la formalización constitucional de la independencia de Colombia, hasta su crisis y disolución. Este momento se considera siempre con un ojo en la crisis previa, la que había puesto final a la monarquía española en la América continental. Esta mirada más amplia permite advertir una diferencia notable entre ambas crisis: en la crisis que se abrió en 1826 existía ya una constitución y, con ella, una referencia de comunidad política aún inexistente en 1808. La constitución de 1821 era obra de »los representantes de los pueblos de Colombia, reunidos en congreso general« y produjo un nuevo cuerpo político, como lo expresó su primer artículo (»La nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera; y no es, ni será nunca patrimonio de ninguna familia ni persona.«). Es por ello que la crisis que analiza Calderón se asemeja a la crisis previa de la monarquía en el hecho de activar el principio de necesidad para salvar a los pueblos, pero difiere en que se da por hecho que la finalidad de tal cosa no era otra que salvar también la república, es decir, el cuerpo político de la nación colombiana.|
La autora presta especial atención a una legislación que se produjo a renglón seguido de la constitución, el 2 de octubre de 1821, que reguló la estructura básica del gobierno territorial de la república: Ley sobre la organización y régimen político de los departamentos, provincias y cantones en que se divide la República. Como bien ve Calderón, se trata de una legislación sumamente interesante porque refleja perfectamente los mencionados ejes en los que se mueve el libro. Por un lado, recoge la tensión entre el todo, el pueblo de Colombia y su gobierno republicano, y las partes, los pueblos que conforman la república. Por otro lado, se trata de una ley que se deriva de los preceptos constitucionales recién aprobados pero que no duda en rescatar una pieza de la legislación monárquica tan significativa como la ordenanza para los intendentes de la Nueva España de 1786.
Considero este último aspecto doblemente interesante, porque si bien, por un lado, efectivamente tiene ese componente que tanto interesa a este libro de verter vino viejo en odres nuevos, por otro lado, la ordenanza de intendentes no es una pieza legal cualquiera: los legisladores colombianos no se refirieron a la versión edulcorada y poco eficaz que adquirió a comienzos del siglo XIX, sino a la más »estatalista« de México de 1786. Es decir, que el Congreso colombiano no dudó en adoptar una legislación procedente de la monarquía, pero apuntó claramente a la que de manera más eficaz podía contribuir a domesticar precisamente a los pueblos. Como ocurrió con la propia ordenanza de referencia, otra cosa es que lo consiguiera.
Es ahí donde, a mi entender, adquiere todo su espesor el planteamiento de María Teresa Calderón. Si entre crisis de la monarquía y crisis de Colombia (1808–1826) lo que se va asentando es precisamente la capacidad política de los pueblos, ello significa que ese proyecto de Estado que se apuntaba en la ley de 1821 no solo no se consolidó sino que evolucionó en un sentido opuesto. Esto puede observarse muy bien desde la atalaya de los pronunciamientos. El análisis que se realiza aquí es especialmente esclarecedor porque aporta nuevas e interesantes vertientes de esta práctica política tan propia del espacio hispano en el siglo XIX. En primer lugar, su uso nada extraordinario sino, a juzgar por el número de casos analizados, bastante corriente. En segundo lugar, su uso no solamente con ánimo disruptivo respecto del gobierno en ejercicio sino también como manifestación de apoyo al mismo o usado, incluso, para proponer medidas (como la dictadura) que implicaran una eventual y limitada suspensión constitucional.
En el estudio del pronunciamiento y de las diferentes manifestaciones de la opinión política en el ámbito local, se muestra con más claridad la compleja relación entre lo viejo y lo nuevo que recorre este libro. En rigor, ambas cosas eran nuevas en las primeras décadas del siglo XIX. Los pueblos ciertamente hacían oír su voz en el sistema monárquico a través de mecanismos como la representación, el recurso o la súplica, pero no lo hacían para emitir una opinión política, que es lo novedoso que trajo consigo la crisis de la monarquía y el arranque del constitucionalismo. Tampoco cabía el pronunciamiento, pues es solo en el siglo XIX cuando este término adquiere el sentido de alzamiento con fines políticos. Más cercano a las prácticas tradicionales estaba el derecho de petición que recogió aquel constitucionalismo temprano, pero con la prevención creciente de impedir su generalización en nombre del pueblo. Esa había sido, de hecho, su función tradicional: comunicar particularmente al rey o a sus representantes con cada una de las corporaciones del reino, pero sin que el reino en sí conformara un cuerpo político. En las primeras décadas del siglo XIX, sin embargo, ese cuerpo político general sí apareció, en forma de nación.
La novedad que aporta el surgimiento del constitucionalismo, como bien explica con detenimiento este libro, fue justamente la socialización de la política, es decir, convertir la política en un cometido que no se circunscribía ya al rey y su gobierno. Esta apertura social de la política, sin embargo, conllevó complejas operaciones de acomodo entre esa novedad y los viejos mecanismos que daban voz a los pueblos. Como muestra Calderón, las peculiaridades hispanoamericanas de ese tránsito a la modernidad estuvieron precisamente en que no se siguió un patrón de ruptura sino más bien de utilización de antiguos mecanismos con nuevos propósitos. El siglo XIX en Colombia y en el mundo hispano nació, así, preñado de consecuencias que serán motivo de debate y contienda política e intelectual. Con ese arranque potente de los pueblos junto a la república tienen que ver fenómenos derivados tales como el federalismo y las resistencias a la domesticación estatal de pueblos y corporaciones, pero también la apertura, desde los años treinta del siglo XIX, de un prolongado debate sobre el significado de la modernidad en este otro occidente.
|* María Teresa Calderón, Aquella república necesaria e imposible. Colombia 1821–1832, Bogotá: Siglo XXI 2021, 425 pp., ISBN 978-958-42-9895-9